Medicamentos made in Argentina

Publicado el 18 junio, 2014

Milagros Pérez Blanco

En los últimos años, se ha vuelto a hablar de industria nacional y de políticas de Estado. Del “achicar el Estado para agrandar la Nación” se dio paso a una mayor presencia del Estado en el manejo de la económica, como promotor y ejecutor de políticas sociales y, también, en materia de reparación simbólica. Para poder hablar de producción pública de medicamentos fue necesario comenzar a desandar un camino, comprender que el Estado ha sabido ser un eficiente empresario, pese a las campañas mediáticas que nos aseguraron, y aseguran, lo contrario.

Es preciso aclarar ¿qué es la producción pública de medicamentos? Y porqué amerita esta compresión más integral de la cuestión. La producción pública de medicamentos es el Estado garantizando la universalidad y accesibilidad de los medicamentos al conjunto de la problación. Si partimos de considerar a la salud como un derecho humano básico, el medicamento ya no puede ser mercancía, no puede estar sometido a las leyes del mercado, sino que debe necesariamente ser un bien social. Esto implica que su precio no puede determinarse mediante el libre juego de la oferta y la demanda, porque las personas están sujetas de manera forzosa a adquirirlos. Los medicamentos resultan productos imprescindibles para la vida de millones de personas.

En la Argentina, existe una ley nacional, la 26.688, que fue sancionada en junio de 2011, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos, reconociendo a éstos como bienes sociales. Sin embargo, esta ley todavía no ha sido reglamentada lo cual implica que, por ejemplo, no se pueda disponer de las partidas prespuestarias (es decir, del dinero para su implementación) que establece la ley en su artículo 12. ¿Por qué no se ha reglamentado aún? Podemos especular que la industria farmaceútica está ejerciendo presión, una vez, contra esta ley claramente contraria a sus intereses.

Recordemos un poco

Bajo el primer gobierno peronista, el Dr. Ramón Carrillo, creó Especialidades Medicinales del Estado (EMESTA), empresa de producción pública de medicamentos dedicada a abastecer a los hospitales públicos. Los productos EMESTA eran entre un 50% a 75% más baratos que los de producción privada. EMESTA fue cerrada por la dictadura militar que derrocó a Perón en 1955.

En 1964, el Dr. Arturo Oñativia, ministro de salud de Illia, sanciona dos leyes conocidas como “la Ley Oñativia”, por la cual se establecía una política de precios y control de los medicamentos, fijando límites para los gastos en publicidad de las empresas. La ley declaraba “de utilidad pública y sujetos a expropiación” las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, y medicamentos. Otra vez aparecerá la mano dictatorial: una de las primeras medidas de Onganía fue derogarla.

En 2007, la legislatura porteña había aprobado la creación del laboratorio estatal de producción de medicamentos. Pero en este caso no hizo falta la intervención de ningún golpe de estado. Macri vetó la ley a pesar de que en el artículo 21 inciso 10 de la constitución de la CABA, se destaca la necesidad de desarrollar “una política de medicamentos que garantiza eficacia, seguridad y acceso a toda la población” y promover “el suministro gratuito de medicamentos básicos”.[1]

 

Industria Nacional

Según un informe de 2013 del programa Remediar[2], del total de principios activos que se necesitan para la elaboración de los medicamentos, el 90% es importado. “El tema de los medicamentos debe inscribirse en una política de Estado porque es un tema central para recuperar soberanía en salud”, afirma el Dr. Rachid, quien fue director de Laboratorios Puntanosde San Luis y actualmente trabaja en el Ministerio de Defensa al frente del laboratorio conjunto de las fuerzas armadas.

Es preciso considerar cuando hablamos de industria nacional qué sucedería en caso de un conflicto bélico. Aquí se plantea el tema de la dependencia y los medicamentos no escapan a esto. No podemos depender de países centrales, que en caso de quererlo, pueden suspendernos el envío de materias primas. Lo paradójico es que hace 40 años las fabricábamos en el país. Debemos recuperar eso que supimos conseguir. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos declaró que “nuestro país está en condiciones de cubrir sustancialmente la producción requerida por el mercado nacional en este rubro, con los consiguientes ahorro de divisas en su balanza comercial y generación de puestos de trabajo en la áreas públicas que se encuentran habilitadas ya para tal fabricación”[3].

“El gasto del medicamento en el gasto total de salud es el más alto del mundo, en nuestro país”, asegura el Dr. Rachid y agrega que son más caros en nuestro país que en Inglaterra y en España. Incluso son más caros que en Chile, pese a que los producimos acá y los exportamos a Chile. Hoy se habla mucho sobre el tema de los precios y la inflación pero, paradójicamente, poco se discute sobre la formación de precios y la estructura de costos de los productos. ¿Cómo se fijan los precios? ¿de acuerdo a la estructura de costos o de acuerdo a lo que las personas pueden pagar por esos productos? Este es un tema que los medios masivos de comunicación ni siquiera mencionan. La industria farmaceútica es la única donde “la cadena de valor arranca del 900%”, afirma el Dr. Rachid. Y sostiene que “la producción pública de medicamentos no sólo debe ser la que produzca para el sector hospitalario, garantizando la accesibilidad a los medicamentos, sino que debe ser una empresa testigo de precios para que el país fije una política de precios sobre la industria”.

El Dr. Rachid ha participado en la presentación a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) de un proyecto para que la UNASUR, como región, produzca dentro de 5 años medicamentos para 450 millones de latinoamericanos. La propuesta fue aprobada en 2012, en Lima, en el marco de la VII Reunión Ordinaria del Consejo de Defensa Suramericano, en la cual participaron los ministros de Defensa de los países miembros., con el lema: “El medicamento, eje de construcción de Soberanía”.

En 2007, se fundó la RELAP (Red de Laboratorios Públicos) donde se nuclearon todos los laboratorios públicos existentes para delinear una política de producción pública de medicamentos a nivel nacional. Algunos de los objetivos eran: realizar compras conjuntas de materia prima para abaratar los precios, capacitar personal entre los laboratorios en el know how, delinear una lógica de producción conjunta y abastece al primer nivel de atención sobretodo en el caso de patologías crónicas que impactan en el segundo nivel de atención.

La producción pública de medicamentos no es una ocurrencia disparatada, ni de ocasión. Desde la década del 40 viene desarrollándose y aún no ha logrado ser implementada en un 100% por la oposición de las corporaciones farmaceúticas e intereses sectoriales, pero tenemos una ley nacional que declara al medicamento como bien social. Es necesario difundir y comprender qué es la producción pública de medicamentos, cuál es su importancia social y estratégica y por qué es una cuestión, también, de soberanía nacional.

 

 

[1]  Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/?page_id=166

[2]  Remediar es un programa del Ministerio de Salud de la Nación, que abastece de medicamentos esenciales gratuitos a los pacientes de Centros Públicos de Atención Primaria de todo el país.

[3] En: http://www.apdh-argentina.org.ar/Sobre_la_Reglamentaci%C3%B3n_del_la_ley_26688 [Consulta: 15 de junio de 2014]

 

 

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