Volver a Carrillo
Mientras la crisis sanitaria se extiende y profundiza en todo el país y la clase política se llena la boca con promesas que se cumplen en tiempos oceánicos o directamente nunca se ejecutan, sería aconsejable echar una mirada hacia el pasado y volver a Carrillo. Hoy en día nadie en su sano juicio pone en duda que resulta impostergable instalar en el seno de la sociedad la discusión de un nuevo modelo sanitario para todo el país.
La figura ejemplar del médico sanitarista santiagueño que marcó un antes y un después en las políticas de Estado relacionadas con la Salud y el bienestar de la población, nos parece la más apropiada para presidir, con absoluta justicia, cualquier iniciativa estratégica que se proponga impulsar un nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud.
La política sanitaria de Carrillo, ministro de Salud de la Argentina durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, se asentaba en tres principios básicos: todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad; no puede haber política sanitaria sin política social; y de nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados.
El nuevo modelo sanitario debe estar sustentado sobre una concepción integral de la Salud, en el marco de un proceso histórico y dinámico, acorde a la realidad política y social de cada momento.
Reducir la Salud a un problema netamente médico ha sido el sagaz objetivo del pensamiento hegemónico existente en la Argentina para sostener el redituable negocio de la enfermedad, evitando, entre otras cuestiones, poner sobre el tapete el grave deterioro de la calidad de vida de nuestro pueblo.
La pobreza y la indigencia que aún subsisten en el país, el aumento de los niveles de desnutrición que marcan el presente y el futuro de nuestras generaciones, así como el aumento de la mortalidad infantil y materna, dan cuenta de una situación de inequidad que revela cuánto camino queda por recorrer para modificar las condiciones de vida de nuestro pueblo.
Carrillo sostenía que "no hay pueblo sano sin justicia social". Desde esa concepción resulta imprescindible generar nuevos modelos productivos que pongan freno a la concentración económica en manos de unos pocos y a la depredación de nuestros recursos naturales, e implementar políticas públicas integrales que avancen en una distribución equitativa de la riqueza.
El último intento serio por establecer un Sistema Nacional Integrado de Salud data de 1973. Corrió por cuenta del doctor Domingo Liotta -célebre cardiocirujano entrerriano que en 1969 realizó el primer transplante de corazón artificial-, quien fuera Secretario de Salud Pública durante el tercer gobierno de Perón.
El Sistema Nacional Integrado de Salud ideado por Liotta proponía integrar el Sector Público de Salud con el de la Seguridad Social. La propuesta generó numerosas resistencias de buena parte de la dirigencia sindical y de la corporación médica.
El proyecto finalmente aprobado en el Congreso Nacional mantuvo muy poco del original. Además, su aplicación efectiva estuvo condicionada por la inestabilidad política e institucional que azotaba al país en esos tiempos, previos al reinado del terrorismo de Estado. La dictadura militar de 1976 no titubeó en derogar de inmediato la ley propiciada por Liotta.
Han pasado más de 30 años y la degradación del sistema de Salud Pública es angustiante. Falta de personal e insumos, magros salarios, precarización laboral, deterioro edilicio y el incumplimiento de la carrera sanitaria, constituyen apenas algunas de las manifestaciones del descalabro sanitario del que las autoridades parecen ser las únicas que no toman nota.
Qué magnitud tendrán los intereses políticos y económicos vinculados a la Salud que pasan los años y los gobiernos y sin embargo en Río Cuarto, una ciudad con menos de 200.000 habitantes, todavía no se ha logrado articular con eficacia y transparencia la tarea de prevención y atención sanitaria entre la red de dispensarios municipales y el Hospital Regional San Antonio de Padua.
Ni que hablar de las clínicas, institutos y sanatorios privados que fijan aranceles que se disparan a las nubes para las prestaciones de primer y segundo nivel de atención médica. Ni que hablar de los costos estipulados para los tratamientos de alta complejidad que son francamente prohibitivos para el común de los mortales.
Este paisaje plagado de contrastes va de la mano con trabajadores de la salud privada que cada dos por tres tienen que manifestar en la calle para que les abonen en tiempo y en forma sus sueldos y les respeten las condiciones y medio ambiente de trabajo. Mientras tanto, la mayoría de esos establecimientos continúan aumentando su capacidad de camas instaladas, registran mejoras edilicias y algunos de sus propietarios se han convertido en los principales empresarios inmobiliarios de la ciudad.
Antes que el colapso sea irreversible hay que pugnar por una reforma a fondo del Sistema de Salud en todos sus niveles: municipal, provincial y nacional y habilitar un Seguro Nacional de Salud para que los habitantes de nuestro país puedan recibir una Prestación Médica Obligatoria (PMO) digna tanto en los hospitales públicos como en los establecimientos privados a un costo accesible para la población.
Como se ha visto recursos financieros existen, lo que falta es la voluntad política de distribuirlos y utilizarlos racionalmente para favorecer a los que menos tienen y terminar así con la inmoralidad de tener que aceptar una Salud de primera y otras de segunda y tercera clase según la cara y el bolsillo del paciente.
Volver a Carrillo significa clavar la pica en Flandes para dar la disputa por un nuevo modelo de país, en el que la democracia sea compatible con la restitución de los derechos de ciudadanía de los que hoy se ven privados millones de compatriotas arrojados a la exclusión y al desamparo social.
En este caso el silencio no es Salud.
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