Argentina
La política petrolera sigue el diseño de los años del menemismo
La política petrolera sigue el diseño de los años del menemismo
Por: Eduardo Lucita (LA ARENA)
Fecha publicación: 25/03/2008
Fecha publicación: 25/03/2008
Dando continuidad a la política petrolera nacional la Legislatura de la Provincia de Santa Cruz extendió por 30 años el contrato con la Pan American Energy para la explotación del área sur del Golfo San Jorge. El área norte ya había sido renegociada por Chubut.
Argentina es un país que tiene petróleo, lo sabemos desde hace ya 100 años, pero no puede decirse que sea un país petrolero porque el nivel de sus reservas comprobadas históricamente no permite esa caracterización, sin embargo a fines de los ochenta logró el autoabastecimiento, y pocos años después se transformó en un país exportador. En la actualidad, para los principales especialistas, hay en el horizonte la posibilidad de retroceder a importador neto.
Aún con insuficiencias esta brevísima síntesis marca el derrotero de la política hidrocarburífera del país a partir de la privatización (liquidación) de YPF como sociedad estatal. Los resultados más evidentes: reducción de los volúmenes de producción, caída en los niveles de extracción y sobre todo muy bajo nivel de exploración en búsqueda de nuevos yacimientos, por lo tanto caída de las reservas de petróleo y gas.
En plena crisis energética es un lugar común decir que ésta obedece a una multiplicidad de causas: problemas en la cadena de distribución; funcionamiento al límite del sistema eléctrico; demoras en la ampliación de Yaciretá; retrasos en las obras de Atucha II; obsolescencia de las instalaciones y demoras en las licitaciones de las centrales térmicas, etc., pero nadie duda que la base de la crisis se encuentra en la política de hidrocarburos.
Contexto internacional
Los primeros años del siglo que comenzamos a transitar han visto un fuerte resurgir de la demanda internacional de recursos naturales, sean estos hidrocarburos, diversos tipos de minerales, tierras fértiles para cultivos, agua potable, reservorios de biodiversidad...
Así buena parte de los recursos naturales de América Latina han sufrido transformaciones en su titularidad, pasando de ser propiedad de los Estados a propiedad de las empresas transnacionales. Las corporaciones ya no se quedan con el negocio de la explotación comercial, sino también con la renta de la tierra. Petróleo y gas juegan un papel central en esta nueva orientación de los flujos comerciales internacionales.
Como se ha señalado ya desde esta misma columna los hidrocarburos en el mundo están transitando su fase de agotamiento. La temida 'cima' del petróleo, ese momento en que se consume más crudo que el que se tiene en reserva -según la relación establecida por el geofísico King Hubbert en 1956-, también el llamado 'peak oil' o punto de máxima producción que se alcanza al coincidir con el agotamiento del 50% del combustible conocido, ya estarían cercanos.
Si a esto se le agrega que hay una fuerte tendencia en las corporaciones a paralizar sus inversiones de riesgo, a pesar que el alza de los precios del barril garantiza buenas rentabilidades, se tendrá un cuadro de situación que permite comprender mas cabalmente porqué las petroleras exigen cada día mas concesiones y mayores prebendas contractuales a los gobiernos. En este contexto se insertan los nuevos contratos petroleros en Argentina.
Los nuevos contratos
A inicios del 2006 el NPEL (Nuevo Proyecto Energético Latinoamericano) impulsado por intelectuales, profesionales y trabajadores del sur del país señalaba cómo las compañías petroleras exigían el mejoramiento de los regímenes tributarios y la consolidación de la 'seguridad jurídica' para el sector.
Para este grupo esas garantías se condensaban entre otros en los siguientes puntos:
-Extensión de las concesiones que como máximo vencen en 2017, facilitando la explotación hasta el agotamiento de los recursos.
-Disminución de los impuestos nacionales y provinciales.
-Mejoramiento de los tributos vinculados a los beneficios de explotación.
Dos años después debe reconocerse que aquel artículo del NPEL fue verdaderamente anticipatorio. A fines del 2006 por iniciativa del gobierno de entonces, el Congreso Nacional aprobó exenciones impositivas inéditas a la actividad petrolera y sancionó la llamada 'Ley Corta' por la que se transfirió el dominio que el Estado nacional históricamente tenía sobre los yacimientos y los permisos de exploración y concesiones a los estados provinciales.
Es esta normativa jurídica la que abrió las puertas a los nuevos contratos, ya que habilita a las provincias a negociar directamente con las petroleras. Sin demora la Provincia de Chubut renegoció, con diez años de anticipación a su vencimiento, la extensión de la concesión hasta el 2047 con PAE para la explotación de Cerro Dragón. Por estos días ha sido Santa Cruz quien siguiendo el mismo mecanismo anticipatorio extendió, también hasta el 2047, la explotación del área sur del mismo yacimiento en esa provincia. En ambos casos los contratos fueron aprobados solo por las mayorías oficialistas en las legislaturas locales.
PAE se queda así con el control y el usufructo total de la Cuenca del Golfo de San Jorge durante cuatro décadas, virtualmente hasta el agotamiento de los yacimientos. Esta cuenca es la más importante del país, la que tiene el mayor nivel de reservas (57% del total), la más productiva y la única que en estos años muestra un crecimiento significativo en sus niveles extractivos.
A cambio compromete inversiones (apenas 3.000 millones de dólares en 20 años), incremento de las regalías (de un escaso 12 a un 15 por ciento, tan escaso como el anterior) y el lanzamiento, asociada con empresas locales, nada menos que de la exploración petrolera en la cuenca marítima que corresponde a las dos provincias. Con lo que PAE incrementará su control geográfico sobre la zona, favorecida además por la infraestructura montada desde hace años en Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia para el embarque y la exportación del crudo.
Desnacionalización
La política petrolera actual sigue como la sombra al cuerpo el diseño realizado en los años '90, pero los ha profundizado con este tipo de contratos anticipados y de larga duración, que dejan libre el camino para que el resto de las petroleras negocien también su parte (la del león) en el negocio.
Los argumentos esgrimidos por las corporaciones son lógicos vistos desde sus intereses: 'con diez años de contrato por delante no hay inversiones posibles en esta actividad, por lo tanto hay que negociar mayores plazos antes de su vencimiento'.
Por el contrario, ¿como entender la actitud de los gobiernos para hacer estas concesiones? ¿Por qué una entrega tan descarada y evidente? Más allá de eventuales negocios poco claros, sólo pueden explicarse en el marco de la improvisación, como medidas desesperadas para recuperar cierto nivel de reservas y extracción en el marco de una crisis energética tantas veces negada como real.
Lo que se hace aparecer como una política hidrocarburífera, es producto en realidad de su contrario: la ausencia de una política nacional que tenga en el centro al Estado y la recuperación de la renta petrolera y la soberanía energética.
Argentina es un país que tiene petróleo, lo sabemos desde hace ya 100 años, pero no puede decirse que sea un país petrolero porque el nivel de sus reservas comprobadas históricamente no permite esa caracterización, sin embargo a fines de los ochenta logró el autoabastecimiento, y pocos años después se transformó en un país exportador. En la actualidad, para los principales especialistas, hay en el horizonte la posibilidad de retroceder a importador neto.
Aún con insuficiencias esta brevísima síntesis marca el derrotero de la política hidrocarburífera del país a partir de la privatización (liquidación) de YPF como sociedad estatal. Los resultados más evidentes: reducción de los volúmenes de producción, caída en los niveles de extracción y sobre todo muy bajo nivel de exploración en búsqueda de nuevos yacimientos, por lo tanto caída de las reservas de petróleo y gas.
En plena crisis energética es un lugar común decir que ésta obedece a una multiplicidad de causas: problemas en la cadena de distribución; funcionamiento al límite del sistema eléctrico; demoras en la ampliación de Yaciretá; retrasos en las obras de Atucha II; obsolescencia de las instalaciones y demoras en las licitaciones de las centrales térmicas, etc., pero nadie duda que la base de la crisis se encuentra en la política de hidrocarburos.
Contexto internacional
Los primeros años del siglo que comenzamos a transitar han visto un fuerte resurgir de la demanda internacional de recursos naturales, sean estos hidrocarburos, diversos tipos de minerales, tierras fértiles para cultivos, agua potable, reservorios de biodiversidad...
Así buena parte de los recursos naturales de América Latina han sufrido transformaciones en su titularidad, pasando de ser propiedad de los Estados a propiedad de las empresas transnacionales. Las corporaciones ya no se quedan con el negocio de la explotación comercial, sino también con la renta de la tierra. Petróleo y gas juegan un papel central en esta nueva orientación de los flujos comerciales internacionales.
Como se ha señalado ya desde esta misma columna los hidrocarburos en el mundo están transitando su fase de agotamiento. La temida 'cima' del petróleo, ese momento en que se consume más crudo que el que se tiene en reserva -según la relación establecida por el geofísico King Hubbert en 1956-, también el llamado 'peak oil' o punto de máxima producción que se alcanza al coincidir con el agotamiento del 50% del combustible conocido, ya estarían cercanos.
Si a esto se le agrega que hay una fuerte tendencia en las corporaciones a paralizar sus inversiones de riesgo, a pesar que el alza de los precios del barril garantiza buenas rentabilidades, se tendrá un cuadro de situación que permite comprender mas cabalmente porqué las petroleras exigen cada día mas concesiones y mayores prebendas contractuales a los gobiernos. En este contexto se insertan los nuevos contratos petroleros en Argentina.
Los nuevos contratos
A inicios del 2006 el NPEL (Nuevo Proyecto Energético Latinoamericano) impulsado por intelectuales, profesionales y trabajadores del sur del país señalaba cómo las compañías petroleras exigían el mejoramiento de los regímenes tributarios y la consolidación de la 'seguridad jurídica' para el sector.
Para este grupo esas garantías se condensaban entre otros en los siguientes puntos:
-Extensión de las concesiones que como máximo vencen en 2017, facilitando la explotación hasta el agotamiento de los recursos.
-Disminución de los impuestos nacionales y provinciales.
-Mejoramiento de los tributos vinculados a los beneficios de explotación.
Dos años después debe reconocerse que aquel artículo del NPEL fue verdaderamente anticipatorio. A fines del 2006 por iniciativa del gobierno de entonces, el Congreso Nacional aprobó exenciones impositivas inéditas a la actividad petrolera y sancionó la llamada 'Ley Corta' por la que se transfirió el dominio que el Estado nacional históricamente tenía sobre los yacimientos y los permisos de exploración y concesiones a los estados provinciales.
Es esta normativa jurídica la que abrió las puertas a los nuevos contratos, ya que habilita a las provincias a negociar directamente con las petroleras. Sin demora la Provincia de Chubut renegoció, con diez años de anticipación a su vencimiento, la extensión de la concesión hasta el 2047 con PAE para la explotación de Cerro Dragón. Por estos días ha sido Santa Cruz quien siguiendo el mismo mecanismo anticipatorio extendió, también hasta el 2047, la explotación del área sur del mismo yacimiento en esa provincia. En ambos casos los contratos fueron aprobados solo por las mayorías oficialistas en las legislaturas locales.
PAE se queda así con el control y el usufructo total de la Cuenca del Golfo de San Jorge durante cuatro décadas, virtualmente hasta el agotamiento de los yacimientos. Esta cuenca es la más importante del país, la que tiene el mayor nivel de reservas (57% del total), la más productiva y la única que en estos años muestra un crecimiento significativo en sus niveles extractivos.
A cambio compromete inversiones (apenas 3.000 millones de dólares en 20 años), incremento de las regalías (de un escaso 12 a un 15 por ciento, tan escaso como el anterior) y el lanzamiento, asociada con empresas locales, nada menos que de la exploración petrolera en la cuenca marítima que corresponde a las dos provincias. Con lo que PAE incrementará su control geográfico sobre la zona, favorecida además por la infraestructura montada desde hace años en Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia para el embarque y la exportación del crudo.
Desnacionalización
La política petrolera actual sigue como la sombra al cuerpo el diseño realizado en los años '90, pero los ha profundizado con este tipo de contratos anticipados y de larga duración, que dejan libre el camino para que el resto de las petroleras negocien también su parte (la del león) en el negocio.
Los argumentos esgrimidos por las corporaciones son lógicos vistos desde sus intereses: 'con diez años de contrato por delante no hay inversiones posibles en esta actividad, por lo tanto hay que negociar mayores plazos antes de su vencimiento'.
Por el contrario, ¿como entender la actitud de los gobiernos para hacer estas concesiones? ¿Por qué una entrega tan descarada y evidente? Más allá de eventuales negocios poco claros, sólo pueden explicarse en el marco de la improvisación, como medidas desesperadas para recuperar cierto nivel de reservas y extracción en el marco de una crisis energética tantas veces negada como real.
Lo que se hace aparecer como una política hidrocarburífera, es producto en realidad de su contrario: la ausencia de una política nacional que tenga en el centro al Estado y la recuperación de la renta petrolera y la soberanía energética.
(Fuente. Argenpress)
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