¿Concesiones a perpetuidad?
Por: Fernando 'Pino' Solanas (COPENOA)
Fecha publicación: 12/10/2007
El neoliberalismo logró imponer en América Latina la idea de que las concesiones de bienes públicos son contratos que, de hecho, se toman a perpetuidad. En estos días hubo dos hechos significativos relacionados con ellas: uno en Venezuela, difundido por todo el sistema mediático y otro en Chubut, cuidadosamente silenciado. Un aluvión de imágenes manipuladas, fuera de contexto y transmitidas casi en cadena, dicen que el presidente Hugo Chávez atenta contra la libertad de prensa al no renovar la licencia de la televisora RCTV que luego de 20 años, concluyó el 27 de mayo. Lo que callan es que renovó la concesión de todos los demás canales privados y que el 80% de los medios son opositores a su gobierno.
La desinformación generada obliga a reiterar lo obvio: no prorrogar una licencia no es autoritarismo ni delito, es el legítimo derecho de cualquier Estado soberano. En el 'Encuentro por el Derecho a la Información ', realizado en Caracas el 19 y 20 de mayo, escritores y periodistas franceses, españoles y belgas afirmaron que en Europa la no renovación de una concesión es un hecho administrativo que nadie cuestiona; y coincidieron en que ningún país de occidente goza hoy de más libertad de prensa que la Venezuela de Chávez: ¿quién puede negar su paciencia al haber permitido que la sediciosa RCTV continuara cinco años más, después de incitar al golpe de Estado, el magnicidio y la huelga petrolera que paralizó PDVSA?.
En contraste con esa desbordante campaña mediática, en nuestro país se produjo un hecho escandaloso silenciado por los medios nacionales e internacionales: la prórroga hasta el 2047 de una concesión que vence en el 2017, del yacimiento petrolero más importante de la Argentina que tiene el 25% de las reservas de crudo del país. Se trata de 'Cerro Dragón', situado al sur de Chubut y norte de Santa Cruz, a 90 Km. de Comodoro Rivadavia, que es explotado por Pan American Energy, perteneciente a la British Petroleum y Bridas, de Carlos Bulgheroni. La renegociación fue aprobada el 24 de mayo por la legislatura de Chubut con el voto de los justicialistas, casi todos los radicales y el visto bueno de la provincia de Santa Cruz y el Gobierno Nacional. Es la continuidad de la política menemista de provincialización de los recursos petroleros, que fue legitimada meses atrás en el Congreso con la modificación de la Ley de Hidrocarburos (Nº 17.319), llamada 'ley corta'. La prórroga de Cerro Dragón, diez años antes de su vencimiento, significa ceder su explotación por cuatro décadas, es decir, hasta la total extinción del yacimiento. Una medida similar a la prórroga anticipada del mayor yacimiento de gas del país, Loma la Lata, que otorgó De la Rúa a Repsol en marzo del 2000.
Según un estudio del ing. Víctor Bravo -del Instituto de Economía Energética - publicado por el InfoMoreno (Nº 197-24/5/07), la British y Bridas invertirán en Cerro Dragón U$S 3.362 millones para extraer las reservas comprobadas que representan -a valores del primer trimestre del 2006- U$S 28.653 millones y por las que pagarán las regalías más bajas del continente. Los ingleses no nos ganaron solo en Malvinas: nos siguen venciendo con socios cipayos. ¿Cuánto habrán pagado por renovar la fabulosa concesión? La gravedad del caso es que aparece como la confirmación del proceso de re-privatización del petróleo argentino hasta su extinción definitiva. El caso Cerro Dragón se suma a los permisos de exploración de la plataforma continental cedidos el año pasado por Enarsa sin licitación y libre de todo impuesto; la aprobación de la 'ley corta' y la cesión a las provincias del dominio total del recurso; las desgravaciones e incentivos fiscales a las petroleras; los trascendidos de compra del 20 al 40% de las acciones de YPF por bancos y capitales privados, pudiendo realizarse con las reservas del Banco Central y fondos públicos, niegan el discurso antiliberal de Néstor Kirchner. Con el 70% de los argentinos apoyando la nacionalización del petróleo y después de la exitosa nacionalización ejecutada por Evo Morales, la dirigencia actual otorga concesiones a perpetuidad de millonarias reservas que deberían ser explotadas por las provincias y la Nación en beneficio del país.
Al igual que los recursos naturales, las frecuencias de radio y televisión no son propiedad de ningún concesionario, sino patrimonio indelegable e imprescriptible de los pueblos. Son otorgadas para cumplir con la finalidad social de un servicio público que asegure los derechos a la comunicación y a la información objetiva y plural de los ciudadanos, como lo establecen los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y Sociales incorporados a la Constitución. La persistencia de la campaña internacional lanzada contra los legítimos y soberanos derechos del gobierno de Hugo Chávez de no renovar la concesión de RCTV, no tiene otro objetivo que aislar a la Revolución Bolivariana para atentar contra ella.
En Argentina, la ausencia de una ley de marco regulatorio debatida por la sociedad, es una de las causas de la degradación del sistema televisivo. ¿No es una vergüenza que siga rigiendo la ley de radiodifusión de la dictadura genocida y que el ex funcionario menemista Julio Bárbaro dirija hoy el CONFER? ¿Puede alguien sostener que los canales controlados por Hadad-Menem; Monetta-Manzano o Telefónica, son el paradigma de la libertad de prensa, la información transparente y veraz? ¿No fue el conjunto de los medios co-responsables del modelo neoliberal que remató los recursos naturales y las empresas públicas y nos llevó a una catástrofe social? ¿Cómo puede aceptarse que el Presidente Kirchner haya agraviado a la ciudadanía prorrogando por 10 años las licencias de televisión sin promover el reemplazo de la ley de la dictadura?
Nuestra alicaída democracia está en relación directa con el sistema mediático imperante, que ayuda a formar la opinión pública y el imaginario colectivo; propaga modelos de consumo, realza o censura acontecimientos. En la mediocracia que vivimos, las empresas mediáticas no buscan satisfacer los derechos constitucionales ni la cultura, sino lograr rentabilidad y mantener el statu-quo : ejercen una disimulada censura social y política y lo que denuncia el despojo de nuestras riquezas. La cultura, la historia y la realidad social, están ausentes. Desaparece la creatividad y el vacío es ocupado con producciones tan degradantes como imbéciles. ¿Hasta cuándo la intelectualidad argentina - comunicadores, pensadores, escritores y artistas-guardará silencio frente a temas tan cruciales como la democratización de los medios audiovisuales y la defensa de nuestros recursos naturales? En este año electoral ¿no es hora de exigirle a los candidatos, el tratamiento de una nueva ley de teledifusión y la anulación de las ilegítimas concesiones petroleras?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario