Lo que hemos informado son algunos de los numerosos efectos ambientales y sociales que genera el desembarco de trasnacionales que producen miles de millones de dólares al año en territorios débiles e indefensos para hacerles frente. Valga el ejemplo de la Barrick Gold, que desde San Juan, con Veladero y Pascua Lama, exportará por más de 2.000 millones anuales. El gobernador de San Juan, José Luís Gioja, declaraba complacido: "Tienen previsto invertir en Pascua Lama una cifra que triplica el presupuesto anual provincial" (42). En Catamarca, las exportaciones de Minera Alumbrera – u$s 1.600.000.000- también triplican el presupuesto de la provincia. Semejante peso económico se convierte en un poder real en las provincias, que influencia gobernadores, ministros, legisladores, magistrados, municipios y concejales. El lobby y su capacidad de ablandar y asociar, son sistemáticos: en medio de la pobreza y la frustración provinciana, es fácil cooptar a funcionarios, comerciantes, empleados y hoteleros, que se benefician en forma directa. Con subsidios y donaciones, ayudas sociales y avisos, las corporaciones manejan las decisiones políticas, los medios de comunicación, la universidad y todo tipo de organizaciones no gubernamentales.
El impacto socio-cultural es tremendo: "La gente conoce La Alumbrera por lo que dicen los medios, pero la minera compra publicidad y está siempre en radio, televisión y diarios" nos decía el investigador y cineasta catamarqueño Patricio Schwanek, autor del notable documental "Acecho a la Ilusión". "Nadie tiene una opinión formada porque no hay información. Nadie sabe cuánto produce la mina ni cuánto gana y deja. Se manejan cifras que no tienen relación con la realidad cotidiana que sigue igual. La falta de cambio hace que la gente termine descreída o resignada. En una provincia como la de Catamarca, donde el Estado se desentiende de su población, Alumbrera viene a ser una especie de ministerio de acción social, que está presente en eventos culturales, deportivos y educativos, otorgando becas a universitarios, y siendo sponsor de proyectos. Por eso, son muy pocos los que pueden animarse a preguntar si esa mina nos trae beneficio. El común de los catamarqueños le da la espalda al tema. ¿Por qué? Porque aquí es muy grave perder el trabajo: el 38% de la masa laboral depende del estado provincial o municipal y si habla mal, puede perder su trabajo. Entonces, la urgencia de sus necesidades le impide ver el saqueo que se está llevando a cabo y solo percibe a la minera por lo que da: las tizas en las escuelas, las becas en la universidad, la asistencia social, las bolsas de cemento en algún municipio, o quizás el gasoil para juntar la basura... Eso termina dividiendo a la sociedad entre los que no quieren ver ni hablar porque algún beneficio sacan y los damnificados directos. Pero todos son víctimas: pobres o medio pobres, mientras se ahonda la pobreza…"
Si ha sido seductor el desembarco de las corporaciones, mucho más difícil es sacarlas y/o condenarlas judicialmente: el gobierno provincial siempre es débil frente a su poder de compra. Minera Alumbrera fue procesada en Tucumán por la contaminación que las roturas de su "mineraloducto" produjeron al río Medinas, pero el juicio se habría retirado a cambio de la construcción de un centro hospitalario. Las mineras actúan como si fueran Estados dentro de las provincias y sólo se ingresa a los yacimientos con permiso: sus territorios abarcan decenas de kilómetros alambrados. La impunidad de su accionar les permite cortar rutas y caminos provinciales y, para llegar al otro lado, los pobladores deben hacer decenas de kilómetros de más. Cuando visité Andalgalá, Belén y Santa María -las tres ciudades que rodean los grandes yacimientos de oro Alumbrera, Agua Rica y Cerro Colorado- quise visitarlos pero me cortaron el paso; solicité permisos y me los negaron. Nadie puede ni acercarse porque tienen un sistema militarizado de seguridad en un perímetro de 10 kilómetros alrededor del yacimiento. Hay guardias con armas largas, camionetas que vigilan día y noche y no pasan ni los antiguos pastores de la zona que llevaron por generaciones sus llamas y cabras por esos senderos.
LA CONTAMINACION AMBIENTAL
Se ha dicho muchas veces que la tragedia de Cromañón permitió poner de relieve la ausencia del Estado y de controles públicos sobre la aplicación de leyes y reglamentos. En las explotaciones mineras y de hidrocarburos esa ausencia del Estado es total: el abandono e impunidad de Cromañón se multiplica a lo largo del país. Hoy los métodos de explotación son más hipócritas y depredatorios que en la colonia y muchísimo más contaminantes. Todos los emprendimientos mineros semejantes a los que hemos relatado, tanto nacionales como extranjeros, experimentaron contaminación de suelos, aire y agua. "La minería es una de las actividades más dañinas, en términos ambientales, que desarrollan los seres humanos. En Estados Unidos, la minería de recursos no combustibles produce cuando menos seis veces más desechos sólidos que la cantidad total de basura que produce el país, en todos sus pueblos y ciudades (...) No existe empresa minera que no contamine: la industria minera es una de las primeras causas de contaminación de cursos de agua en Estados Unidos" (43).
La actividad minera, como la de hidrocarburos, exige controles especiales y permanentes para que su explotación no dañe el medio ambiente ni agote los recursos naturales que, también, les pertenecen a las generaciones futuras. Un ejemplo es la explotación petrolera en nuestro país: desde la privatización su accionar fue tan impune que los territorios sufrieron un gran daño ambiental. En épocas de Y.P.F. se perforaba con agua y sustancias no tóxicas. Las empresas privadas optaron por perforar rápido con químicos que contaminan las napas de agua. Las poblaciones aledañas a los yacimientos tienen sus aguas potables con altos porcentajes de metales pesados. Basta ver los territorios mapuches, en Neuquén: los animales morían tomando agua o parían antes de tiempo. La Comunidad Mapuche hizo las denuncias judiciales y sólo la escuchó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dándole la razón. Repsol tuvo que indemnizarlos y hasta hoy les sigue proporcionando agua potable. Pero el daño causado a la naturaleza es de largo plazo y difícil de reparar.
Está probado que los cursos de agua de la minería de altura arrastran desechos y toxinas de las voladuras y la lixiviación aumentando los índices de arsénico y arrastrando partículas de metales aguas abajo. Una contaminación imposible de evitar aunque las empresas lo intentaran. Pero no es todo: el piso de los lagos artificiales, está recubierto con membranas protectoras para evitar las filtraciones. Pero los movimientos geológicos producen fisuras y filtraciones y esas aguas contaminadas con cianuro descienden hacia las napas potables y los ríos, produciendo un silencioso y lento proceso de intoxicación, muerte de animales, pérdida de cultivos y aumento de enfermedades (hepatitis, diabetes, cáncer o abortos...). Esto sucede en todas las poblaciones aledañas a los yacimientos y las ciudades de Andalgalá, Belén, Santa María, Esquel, San Juan, etc., condenadas a beber agua con una peligrosa carga de metales pesados, donde la población viene denunciando la acción de las mineras y la complicidad silenciosa de las autoridades.
Como hemos dicho, las roturas del "mineraloducto" de Minera Alumbrera, han llevado la contaminación a Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. "Estudios realizados en aguas del embalse de Río Hondo dan cuenta de que la cuenca del río Salí-Dulce, está contaminada por efluentes que volcaría la minera La Alumbrera (...) Los estudios aportados por la Comisión Nacional de Energía Atómica a la Federación de Organizaciones Ambientalistas no Gubernamentales constituyen un llamado de atención por cuanto la contaminación confirma estudios previos realizados en el Embalse de Río Hondo y en Mar Chiquita" -dijo el defensor del pueblo santiagueño, Darío Alarcón, en tanto el informe de CNEA señalaba que: "los valores consignados de vanadio, cromo, plomo, mercurio, níquel y selenio que se encontraron en la muestra – extraída del Río Medinas, en Alpachiri - superan los límites tolerables establecidos por la Organización Mundial de la Salud para el agua potable para consumo humano(44).
"Minera La Alumbrera –nos denunciaba el Ing. H. Nievas en una entrevista- ha emplazado un dique de cola donde van todos los residuos que salen de la planta que no tienen ningún valor económico. El dique es como una presa hidráulica de 2 Km. de extensión, con la diferencia que en vez de almacenar agua, almacenan barro con mucha agua. Ese dique fue emplazado en la zona de altas filtraciones, que está llena de fisuras y fallas geológicas. Se lo hizo en la parte alta de un río. Esas filtraciones van a comunicarse con el río Visvis y con el tiempo terminará en el campo de Andalgalá y cerca de la ciudad que tiene 20.000 habitantes (...) Nosotros hemos demostrado científicamente que existe una conexión hidráulica entre el dique de cola y el río Visvis (...) Yo era inspector de Calidad Ambiental y cuando demostramos las fallas y filtraciones nos dejaron afuera. El problema grave será en el futuro cuando la acidez empiece a descender, es el drenaje ácido de mina donde se van a movilizar metales pesados río abajo y lo vamos a heredar nosotros y las generaciones futuras. Pero seguramente la empresa se habrá ido, quedará la contaminación y ella no será responsable" (45).
En una nota de opinión, Julio Sevares explica que:"El drenaje ácido se genera por la oxidación de los sulfuros de la piedra cuando se expone al aire o al agua. Este fenómeno se produce en las minas y en las obras que dejan grandes superficies de piedra expuesta... La minería a cielo abierto... en nuestro país, en los últimos años, deja expuestos centenares de miles de metros cuadrados de piedra. Arrastrado por el agua, el ácido drena hacia las napas de agua o los ríos de superficie causando contaminación... Según un trabajo de la UNESCO sobre protección ambiental: "El drenaje ácido es uno de los más graves problemas ambientales de la explotación minera (...) es muy común que minas desactivadas continúen generando drenaje ácido, un proceso que puede durar décadas, inclusive siglos (46). Por su parte, el Ing. Nievas concluye diciendo: "Alumbrera ha firmado un contrato con OMAP, que es la dueña del yacimiento, donde dice que los que van a ser responsables del futuro ambiental es OMAP, una pequeña empresa que no tiene plata ni para pagar los sueldos, imagínese el futuro que nos avecina. No hay un proyecto, no hay un plan de cierre de mina donde diga de qué manera vamos a retrobombear las aguas del dique y cómo vamos a tratar esas aguas ácidas. Es muy grave el futuro que espera a los catamarqueños. Se llevan todo, no dejan nada, y la contaminación va a durar cientos de años."
No sólo los especialistas de las provincias han denunciado la contaminación: el enviado especial de "La Nación", Oliver Galak, escribió sobre los efectos que se están sufriendo en San Juan a raíz de la puesta en marcha de Veladero: "La manipulación del cianuro, sus posibles filtraciones a los ríos y napas de agua de la Cordillera y su esparcimiento por el aire, constituyen algunos de los cuestionamientos que los ambientalistas hacen... por eso exigen que San Juan, como antes lo hicieron Chubut y Río Negro, prohíba el uso de este producto para la extracción de oro". Pero no son sólo las corporaciones quienes contaminan. La falta de control y la fiebre del oro, hizo que cientos de pymes emplearan métodos extractivos tan salvajes como los denunciados en este trabajo. Sobre los efectos del cianuro en los pueblos, el cronista dice: "Las huellas nocivas se sienten en el aire. En Cormina se pueden observar los efectos de la producción de oro con cianuro... crecen hoy unos arbustos pelados que nada tienen que ver (...) con los arbustos que se ven a pocos metros de aquí. Es porque lo que están tomando es todo veneno. Está saturado de metales pesados... A dos horas de la capital provincial, hoy quedan unas 50 familias en Marayes. Entre los chicos se han detectado malformaciones, bronquitis crónica, hepatitis C, entre otras enfermedades". Y termina el cronista diciendo que la agrupación ecologista Inti Chuteh "...tomó testimonio a algunos pobladores. Son escalofriantes. Los chicos se revuelcan en la tierra con cianuro y andan enronchados... las cabras toman agua y se cagan muriendo" (47). Las familias acuden a los hospitales regionales y la respuesta es la misma: "no hay medios para investigar, no podemos hacer estos análisis, vaya a la capital". ¿Qué le queda por hacer al vecino o chacarero? Viajar decenas o cientos de kilómetros a la capital provincial para tratarse o deponer el pedido o denuncia y regresar a la espera de una respuesta que nunca llega.
UNA INOFENSIVA PROTECCION AMBIENTAL
Frente a este gravísimo cuadro, la comunidad tiene para defenderse, la Ley de Protección Ambiental (Nº 24.585/95) y el art. 41 de la Constitución Nacional(48) que dice: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos."
La Ley de Protección Ambiental (Nº 24.585 /95) modificó el art. 282 del Código de Minería. Se trata de una norma esencialmente preventiva porque en ningún caso detiene el daño: se reduce al proceso de aprobación de la declaración de impacto ambiental y a determinar las medidas correctivas que surjan de ella. Por un lado su art. 18 dice: "el que causare daño actual o residual al patrimonio ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, restablecerlo, recomponerlo, según correspondiere" y el art. 19 plantea como probable sanciones tales como: "Multas,... reparación de los daños ambientales... clausura temporal... en caso de tres infracciones se procederá al cierre definitivo del establecimiento". Pero el art. 25 limita su alcance y permite que la acción contaminante continúe: "Los impactos irreversibles e inevitables producidos no podrán afectar bajo ningún aspecto las actividades que se estuvieran realizando... Las acciones conducentes a la corrección de impactos futuros, consecuencia de la continuidad de las actividades, serán exigidos a los responsables por la autoridad de aplicación, quedando a cargo de los primeros la ejecución de las mismas."
Resulta vergonzoso que la S.M.N lo señala como una ventaja para los inversores: "Cabe destacar que, a diferencia de otros países, el escaso desarrollo de la actividad minera en la Argentina permitió que esta legislación fuera de tipo preventiva y no correctiva, lo cual implica importantes ventajas para la inversión minera en términos de riesgo ambiental y de certeza de mitigación y/o remediación de daños"(49).
La ley de protección ambiental – Nº 24.585/95- es una norma benigna para con los responsables del daño ecológico. No habiendo una eficaz autoridad que controle los yacimientos, les exija medidas preventivas y las haga cumplir, todo queda en meros deseos o futuros pleitos y en manos de las empresas. El artículo 23 de la ley de inversiones mineras -Nº 24.196/93 - parece más una burla que una norma: "A los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente pueda ocasionar a la actividad minera, las empresas deberán constituir una previsión especial para tal fin. La fijación del importe anual de dicha previsión quedará a criterio de la empresa, pero se considerará como cargo deducible de la determinación del Impuesto a las ganancias, hasta una suma equivalente al 5% de los costos operativos de extracción y beneficio." Una vez más, el zorro como buen guardián del gallinero.
RESISTENCIA Y MOVILIZACION POPULAR
La Secretaría de Minería de la Nación sigue afirmando que el medio ambiente está resguardado por una legislación que lo protege: las leyes Nº 24.585 de Protección Ambiental y Nº 24.196 de Inversiones Mineras. Ninguna de las dos contempla explícitamente lo que exige la Constitución Nacional: Art. 41:"El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley." Si bien la defensa del medio ambiente fue declarada prioridad nacional, el problema principal es que el Estado no tiene capacidad para hacerla cumplir. La protección ambiental entra en las órbitas provinciales que han consentido y negociado con las mineras, y su control pasa a un puñado de inspectores que terminan cooptados por ellas. Las denuncias de los pobladores y sus organizaciones son sistemáticamente desoídas y encajonadas en los municipios y reparticiones provinciales.
Pero nada es eterno: la histórica movilización de los vecinos de Gualeguaychú contra la instalación de las pasteras de Fray Bentos, fue un acelerador de conciencias y dio nuevas esperanzas a las protestas ambientalistas. La unidad, perseverancia y justicia de una resistencia que se mantiene desde hace años, logró que los gobiernos provincial y nacional tomaran la defensa del medio ambiente como Política de Estado. Al mismo tiempo, en todas las provincias cordilleranas se han producido marchas y protestas y han nacido organizaciones de autoconvocados en defensa de sus territorios. Sus movilizaciones históricas contra la contaminación de las mineras en sus yacimientos a cielo abierto, consiguieron prohibir el uso del cianuro y el mercurio: en Esquel la reacción de la comunidad llevó a un plebiscito en el 2003 y los vecinos obtuvieron el rotundo triunfo del No; la provincias de Chubut lo prohibió por ley (Ley Nº 5001) y también en Río Negro. En La Rioja, la movilización de los ambientalistas frente al desembarco de Barrick Gold para explotar la mina "La Mexicana", en el cerro de Famatina -a cielo abierto y con cianuro- los llevó a cortar el camino de acceso, el proyecto se detuvo y la corporación anunció su retiro(50).
En San Carlos de Bariloche, la Pastoral Social de la diócesis, sostuvo el derecho de los pueblos a defender su calidad de vida y denunció "el uso excesivo de agua, el polvo en suspensión, los daños paisajísticos, el uso de mercurio y cianuro y el drenaje ácido de las minas" porque "donde hubo una mina se crea un foco tóxico que durará siglos (...) Los emprendimientos mineros incumplen la Constitución Nacional y el convenio 169 de la OIT, sobre los derechos de los pueblos originarios".
POR UNA MINERÍA NACIONAL, RACIONAL Y SUSTENTABLE
En una charla sobre minería, alguien me acusó de estar en contra de la minería. "De la minería no, pero de la minería contaminante y saqueadora, sí." le contesté. Juan Perón decía que en la lucha social o política, lo primero que hay que hacer es identificar a los amigos y a los enemigos. Sin dudas, las transnacionales mineras y petroleras son enemigas de nuestro pueblo. No vienen a ayudar al país, ni hacer beneficencia ni a cuidar el medio ambiente. Llegan para llevarse la mayor cantidad de riqueza con la menor inversión y en el menor tiempo posible. Saben que el futuro es siempre incierto y que ninguna concesión es eterna frente a la decisión soberana de un pueblo. Lo aprendieron a lo largo de los tiempos y en nuestro país, con Arturo Illia, que anuló los contratos petroleros de Frondizi. Lo han corroborado ahora con la llegada de Evo Morales al gobierno de Bolivia. Una doble y luminosa rareza: frente a la tradición de las democracias latinoamericanas de traicionar el mandato del voto, el primer presidente indígena del continente quizás fue el único que honró su compromiso frente al pueblo: nacionalizó el petróleo y el gas resistiendo chantajes mediáticos y presiones diplomáticas y ninguna empresa se retiró de Bolivia. En el país más pobre y débil de la América sureña, Evo y su pueblo demostraron que podían nacionalizarse por vías institucionales los recursos minerales del país. Tras la consigna "petróleo y gas para Bolivia" enfrentaron con organización y coraje, en octubre del 2003, al sanguinario gobierno de Sánchez Lozada, al precio de ochenta muertos.
En nuestro país, también se puede y se deben recuperar los recursos metalíferos que están en manos de las transnacionales. Es inmoral que ante los graves problemas sociales que soporta un tercio de la población, se permita el despojo de sus riquezas. Pareciera que la dirigencia social y política no está convencida que puedan recuperarse y quizás por eso no aparece como prioritaria la disputa de la renta mineral. Una millonaria riqueza capaz de terminar con la desocupación y la indigencia. Sólo la renta petrolera anual ronda los 15.000 millones de dólares. La renta de la gran minería es más difícil de cuantificar porque la información viene de las mismas empresas. Siendo sus costos muy bajos -salarios y explotación -no es exagerado pensar que entre lo que manifiestan y ocultan, más todos los metales que se llevan y no declaran, la renta minera son varios miles de millones de dólares anuales.
Lo importante es responder al principal interrogante: ¿es posible recuperar la minería? Sin duda, si existe voluntad política de cambiar las leyes y hacerlas cumplir. Pero nada se puede hacer si previamente no se instala el tema en la sociedad y hay una gran movilización popular para sostenerla. Las concesiones pueden recuperarse por los siguientes medios: 1) por no cumplimiento de las normas establecidas en sus contratos; 2) por daño al medio ambiente e invocando las resoluciones de las Naciones Unidas y los pactos de Derechos Humanos y Sociales incorporados en nuestra Constitución: ellos reconocen el derecho a un medio ambiente sano, a los recursos naturales, al agua y la energía; 3) por romper la adhesión a los acuerdos y leyes mineras de Menem, dictando sus propias normas, códigos y condiciones. Las legislaturas provinciales pueden hacerlo; 4) prohibir el uso de aguas fósiles o potables y la utilización de cianuro y materias tóxicas para la actividad minera.
Los gobiernos provinciales están obligados a controlar lo que se extrae y la Nación lo que se exporta, exigiendo que el producido de sus ventas regrese al país. Sólo se necesita decisión política para fijar retenciones a la exportación de minerales, así como derogar los escandalosos reintegros. El Presidente Kirchner debe romper con el modelo minero de Menem y ejercer su autoridad política enviando al Congreso una nueva legislación que modifique el Código de Minería y las leyes del menemato reemplazándolas por otras que protejan y desarrollen la minería nacional dentro de marcos de sustentabilidad ambiental. Estas medidas detendrían el saqueo y la explotación depredatoria de las corporaciones.
HACIA UN NUEVO MODELO DE EMPRESA MINERA PÚBLICA
¿Cuál debería ser el modelo de explotación de nuestra minería? La respuesta debe venir de un amplio debate y reflexión sobre el futuro de nuestra minería y un nuevo modelo de productivo. En el país hay "una activa participación de empresas medianas y pequeñas que representan el 81% del total de empresas mineras y participan del 46% del valor total de la producción. La distribución de producción entre empresas pymes y grandes es bien diferenciada. Mientras que las primeras producen principalmente rocas de aplicación y minerales no metalíferos (juntos representan el 98% de su valor de producción) las grandes mineras producen casi exclusivamente metalíferos." La concentración y expansión de las corporaciones en la extracción de metales se refleja en las cifras: "se apropiaron del 89,2% de la renta promedio generada por la actividad en los últimos seis años, contra el 10,8 % que quedó en manos del Estado."(51)
A pesar del fracaso del modelo privatista en los años noventa, el debate entre lo público y privado aún no está planteado en el país y subsiste el mito de que lo privado es más eficiente y lo público burocrático y corrupto. Lo privado ha sido una fuente de corrupción permanente y sus mayores logros no alcanzan las grandes realizaciones industriales y tecnológicas que el Estado realizó con ingeniería y capitales nacionales: Y.P.F, Gas del Estado, gasoductos y represas, la CNEA y el plan nuclear. Lo grave es que seguimos perdiendo tiempo. Desde la dictadura, todos los gobiernos le han escamoteado a la sociedad el debate mayor: ¿como gestionar los bienes públicos y las empresas de servicios? La experiencia nacional y mundial indican que frente a los modelos de la empresa estatal dirigida por el partido gobernante o la privada en manos del mercado, queda por inventar una tercera opción: la empresa pública coparticipada por trabajadores, técnicos y funcionarios y el control de usuarios y consumidores.
Ni es cierto que el Estado es mal administrador, ni que para explotar la minería debemos apelar a las transnacionales. El país tiene reservas suficientes para reemplazarlas: con u$s 37.000 en el Banco Central puede fácilmente financiar los 5.000 o 6.000 millones de dólares que dicen van a invertir en el país y que se hacen en el transcurso de varios años. Hoy no sólo es posible sino que sería idiota no hacerlo porque es un negocio descomunal. El mito del auxilio del capital extranjero fue destrozado a lo largo de la historia y vuelve por la debilidad de los dirigentes y la presión del neoliberalismo que es un muerto que no termina de morir. Basta mirar para atrás y tomar el ejemplo del desarrollo de la industria petrolera. Sin antecedentes en el país ni en América Latina, el general Enrique Mosconi fue designado en 1923 director de la naciente Y.P.F. que era una oscura repartición ministerial: con escasos recursos, en 9 meses procesaba naftas nacionales y dos años después, en 1925, comenzaba en Ensenada la mayor destilería del país. Era una causa patriótica y los funcionarios ejercían una ética pública, solidaria con la Nación: como el Banco le negaba avales para los créditos de la destilería, el Dr. Carlos Madariaga –director de YPF- y otros compañeros, le brindaron sus campos y bienes personales para avalar la operación. La gestión de YPF fue tan exitosa, que en 6 años rompió el monopolio de los trusts y en 7 años multiplicó 400 veces el capital de la compañía. Sesenta años después, con el fin de privatizarla, los Neustadt y compañía mentían a voces al decir que YPF era la única petrolera del mundo que daba pérdida. Las instituciones, como el cuchillo, no son responsables de los delitos que desde su conducción se impulsen. Si se coloca un delincuente al frente de YPF, como el ex general represor Suárez Mason, la lógica es el saqueo, el vaciamiento. La buena administración pública no es solo un asunto del pasado: en nuestra época y a contramano de la era privatizadora, una empresa pública –INVAP- pudo demostrar ser tan eficiente y creativa que en 30 años pasó a ser líder mundial en la construcción de reactores nucleares para investigación científica, dando excelentes beneficios.
Pero no se puede reinventar la empresa pública si al mismo tiempo no se avanza en una refundación ética de las instituciones, partidos políticos, sindicatos y organizaciones intermedias. Una cuestión de tiempo y un tema cultural. La corrupción es transversal, ha penetrado todas las instancias. No es un mal endémico e incurable: es un problema educacional que debe atacarse desde la escuela, la universidad, los medios de comunicación y las organizaciones sociales, para entender que no hay mayor delito que atentar contra lo público. No es casual que el nacimiento y desarrollo de Y.P.F., Gas del Estado e INVAP tuvieron en su conducción grandes realizadores que eran hombres éticos, liberados de la tela de araña del colonialismo mental. Para ellos no existía el "no se puede", sino organización y tiempo, y financiaron el grueso de sus obras con lo que producían sus empresas. Recordemos otra vez a los generales Mosconi y Baldrich, que inventaron la industria nacional hidrocarburífera, pionera en América Latina; a Julio V. Canessa, que realizó en 1948 el gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, que era el más largo del mundo y con quién aprendí a defender lo público cuando en 1958 fui su secretario en Gas del Estado; a quienes crearon INVAP, que se formaron en el Instituto de Física y las ideas éticas de José Balseiro. Todos ellos en la acción pública, hicieron ejercicio de una Ética de la Nación y nos convencen que sí se puede. La lucha contra la corrupción deberá ser una gran Política de Estadoy llegará el día en que el pueblo argentino pueda juzgar por traición a la Patria a quién encarna la anti-ética: Carlos Menem enajenó el patrimonio público, golpeó la escuela y la ciencia e hizo del soborno y la compra y venta de funcionarios una práctica nacional.
Hay que debatir las bases de una minería nacional, pública, sustentable y racional, bajo control de la comunidad y en beneficio del pueblo. Con el 75% de las reservas mineras sin explotar, tenemos un enorme futuro por delante que puede asegurar empleo bien remunerado, seguro y estable, a miles de argentinos. Deberá desarrollarse una auténtica industria minera que procese buena parte de los metales en el país y promueva la fabricación de equipos y máquinas y se discuta un nuevo marco regulatorio para la actividad de cientos de pymes del sector. Por los riesgos ambientales y humanos que ocasiona, no cabe duda que los yacimientos deben estar celosamente controlados por autoridades locales y nacionales, más las asociaciones ambientalistas. Siendo el trabajo minero uno de los más dañinos contra la salud, los trabajadores mineros deberán recibir beneficios directos y participación en las utilidades.
Desde la Reforma de la Constitución de 1994 las provincias tienen el dominio de los recursos minerales, pero acosadas por sus bajos presupuestos y creyendo ganar poder para negociar con las corporaciones, terminaron siendo rehenes. El mito de que los recursos mineros en manos de las provincias era sinónimo de riqueza para ellas, terminó en un traspaso sin precedentes hacia las corporaciones. Sólo un 10% de grandes mineras concentra más del 90% de la producción de metales que se destinan en su casi totalidad al exterior. Es imperioso avanzar con madurez hacia un nuevo tipo de asociación de las provincias con la Nación, en el marco de un acuerdo federal y constitucional. El Estado Nacional cuenta con recursos suficientes para aportarle a las provincias y asociarse en la producción minera. Es preciso concebir empresas públicas que reemplacen los conceptos rentísticos y depredadores de las trasnacionales por objetivos sociales donde participen, además del Estado y los trabajadores, representantes de asociaciones vecinales y ambientalistas en el control de los métodos extractivos. La minería nacional, pública y sustentable, debe generar riqueza para dar progreso y beneficios, en primer término, a las poblaciones del territorio; reducir al mínimo el daño ambiental; invertir en la prevención y reparación del mismo si lo hubiere y conformar un fondo económico que garantice el financiamiento de los trabajos del cierre final de las minas, para evitar secuelas de contaminación.
Hoy cuesta entender que no habiendo hoy una actividad más rentable que la explotación de hidrocarburos y minerales, el Gobierno Nacional no invierta en la creación de una gran empresa pública petrolera y una minera con parte de sus grandes reservas monetarias. El costo de producción del barril de crudo en el país está entre 4 y 5 dólares, mientras en el mercado internacional se vende a más de 60. La onza de oro sobrepasó los 680 dólares y en nuestra cordillera tenemos reservas equivalentes a billones de onzas de oro y otros metales valiosos, que los regalamos a cambio de puestos de trabajo que equivalen a los reintegros que pagamos por las exportaciones. ¿Puede haber un mejor negocio para la Nación y las provincias que recuperar los recursos metalíferos y explotarlos en nuestro beneficio?
Un nuevo modelo de minería nacional, pública y sustentable, no impide ni se contrapone con la participación de empresas privadas como en Venezuela o Cuba, donde siempre el Estado es el socio mayoritario y las inversiones de riesgo las hacen los privados. Es al revés de lo que sucede en nuestro país, donde siempre el riesgo es del Estado y las ganancias del privado. Tenemos la extraordinaria experiencia que dejó YPF, Gas del Estado, Hidronor, Agua y Energía y otras empresas públicas, cuando obedecían a políticas que defendían el interés de la Nación. Su paradigma no era la tasa de ganancias sino el bien común: tanto invertían en sus explotaciones como en viviendas, rutas, escuelas y hospitales para la comunidad. Estos antecedentes no son para copiarlos tal cual eran, sino para enriquecerlos y actualizarlos con nuevas ideas de aquí y de afuera. Hoy como nunca, como diría Simón Rodríguez: "O inventamos o erramos".
REPARACION AL PUEBLO ARGENTINO
La realidad de América Latina fue siempre la de países muy ricos con pueblos pobres y explotados con altas tasas de analfabetismo y mortandad. Pero la historia no pasa en vano y hoy renace la conciencia de los pueblos originarios y las mayorías populares que lucharon por su liberación. No hay política emancipadora en el continente si no plantea la recuperación de las riquezas naturales: petróleo, gas, minería, tierras, aguas. En Argentina, esos postulados estaban impresos en la Constitución Nacional de 1949 -derogada por decreto por el golpe de Aramburu y Rojas- y deben ser recuperados. Su artículo 40 dice "Los minerales y caídas de agua, los yacimientos de petróleo, carbón y gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades inalienables e imprescriptibles de la Nación" y agregaba:"La importación y la exportación estarán a cargo del Estado (...) Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación (...) Los que se hallasen en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación (...) El precio de la expropiación (...) será el del costo de origen (...) menos las sumas que se hubiesen amortizado".
El Gobierno y el Congreso Nacional deben reparar al pueblo argentino del impune saqueo a que fue y es sometido. Es necesario que la dirigencia política y social reaccione y rompa su pasividad: hoy nadie puede hacerse el distraído o decir que no está informado. Es un llamado a la dignidad frente al impune despojo y a una servidumbre colonial que únicamente difiere del Potosí de la conquista, en el reemplazo de las armas por asociaciones espurias, sobornos y buenos modales. El silencio o la obediencia debida de los legisladores a sus jefes, sólo pueden confirmar una complicidad activa con el despojo de los bienes nacionales. En la dolorosa historia que hemos revelado, no quedan términos medios. Más allá de las pertenencias políticas, está en juego la Patria y se la defiende o se la traiciona. La derecha y la centroizquierda europeas -británica, francesa, española- o los norteamericanos, lo entendieron tan bien que defendiendo los intereses de sus naciones, protegieron sus recursos y mercados y hasta invadieron con ejércitos, créditos y empresas el mundo entero. La dirigencia política y social debe promover en el Parlamento la modificación del Código de Minería, la anulación de las leyes mineras de Menem y los tres decretos privatizadores de la actividad petrolera (52) que destruyeron ochenta años de política de Estado. Mientras esa reparación no ocurra, la política económica de la Argentina y del actual gobierno Kirchner, seguirá siendo, en su esencia, continuidad del modelo neoliberal, agro-minero-exportador, iniciado por Menem y profundizado por de la Rúa.
Estamos en el año del recambio presidencial y otra vez la ciudadanía constata la degradación del debate político: los grandes temas y proyectos –entre ellos el de minería y petróleo- son reemplazados por pujas y chicanas entre candidatos sin proyectos. Esta batalla necesita librarse también en la comunicación: resulta asombroso que pudiendo obtener esta información en la página Web de los organismos de Estado, la Secretaría de Minería y los diarios, la denuncia sobre la realidad de nuestra minería siga ausente en las espacios, discursos, cátedras y publicaciones. Es necesario que periodistas y comunicadores, profesores e intelectuales, universidades y organizaciones sociales convoquen a pronunciarse contra el despojo de nuestros metales. El M.O.R.E.N.O. ha incluido el tema entre sus objetivos de lucha y promoverá por todos los medios la recuperación de toda nuestra minería.
Vivimos un momento único en América Latina, con un avance y perspectiva en la integración continental como nunca tuvimos en estas décadas. La excepcional contribución y perspectiva que abre la generosa política del presidente Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana hacia los países del continente, permite avizorar el financiamiento conjunto de empresas públicas latinoamericanas para explotar los recursos naturales en beneficio de nuestros pueblos. Hoy más que nunca, la divisoria de aguas entre el modelo neoliberal y una política nacional emancipadora, pasa por la recuperación de esos recursos. Como diría el Dr. Alejandro Olmos: o se está junto al pueblo argentino por la nacionalización de la minería y los hidrocarburos, o se está del lado de sus enemigos: las corporaciones y sus aliados locales.
42) "La Nación". Jaime Rosemberg.11/3/7.
43) G.Tyler Miller: "Ecología y Medio Ambiente"-Iberoamérica, p. 564
44) Julio Rodríguez- Clarín 8-02-2007
45) Entrevista al Ing. Héctor Nievas, realizada en Andalgalá. Julio 2006.
46) Julio Sevares-Clarín27-03-2007.
47) Oliver Galak "Oro, cianuro y dólares, el cóctel de la controversia en San Juan: Veladero podría generar u$s 7.000 millones por año; quejas de ambientalistas" -La Nación 27-02-2006
48) En la Reforma Constitucional de Santa Fe -1994- fui vicepresidente de la Comisión de Nuevos Derechos donde se trató el artículo 41. El proyecto inicial era más taxativo y hablaba de la reparación y compensación del daño causado: se optó por una fórmula más ambigua.
49) "Diez Razones para invertir en Minería Argentina". Secretaría de Minería de la Nación.
50) "La Nación", Jaime Rosemberg, 11/3/07.
51) Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE), Diario Crónica. 29/1/06
52) P.E.N. Decretos de necesidad y urgencia Nº 1.055/89; 1.212/89 y 1.589/89
