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Argentina, el granero transgénico del Mercosur
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Fernando M. López
05.02.07
Según un estudio reciente, ocho de cada diez desocupados de
Buenos Aires provienen de la agricultura. Los datos de esta encuesta hablan
de la incipiente migración del campo a la ciudad por el impacto del modelo
agroexportador bajo el sistema de siembra directa, que permite producir
monocultivos con apenas un empleado por cada 500 hectáreas
La fiebre argentina de la soja genéticamente modificada no tiene
límites. El cultivo supera en toneladas la mitad de la producción de granos
y ya se prevé duplicar la cosecha en menos de diez años. Un modelo peligroso
que se expande en los países de la región con el auspicio de las
trasnacionales y los representantes locales de los agronegocios.
El tema va más allá de las fronteras de ese país, tal como lo
evidencian las situaciones de Uruguay, Brasil y Paraguay, que se incluyen
brevemente en este informe.
Uno de los portavoces más influyentes del corporativismo sojero
en Argentina, el ingeniero agrónomo y director del suplemento Clarín Rural,
Héctor A Huergo, no se cansa de repetir que "Dios es argentino" y que, como
tal, decidió bendecir a sus hijos con una nueva oportunidad histórica para
el desarrollo. Ese "maná que nos mandó Dios" -según palabras de Huergo- es
la soja transgénica. Sin embargo, los responsables del modelo agroexportador
que se instaló en el país, ocasionando profundos daños sobre el ambiente, la
salud de la población y el sistema productivo, tienen existencia física,
nombre y apellido, o por lo menos razón social.
Desde que el ex presidente Carlos Menem permitió el cultivo de
la soja RR (Roundup Ready) de Monsanto, a mediados de la década de 1990, el
modelo de la soja no ha parado de expandirse. Las 5 millones de hectáreas
iniciales se transformaron en 16 millones, según la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPYA). Esta superficie sembrada
implica una producción que supera las 40 millones de toneladas de soja para
forrajes, aceites y harinas, los principales productos de exportación que
dejan en las arcas fiscales unos 2 mil millones de dólares en concepto de
retenciones.
De esta forma, Argentina logró el segundo puesto mundial en la
producción de cultivos transgénicos, detrás de Estados Unidos, aunque para
lograrlo tuvo que hipotecar su territorio como campo de prueba de la
biotecnología desarrollada por Monsanto y otras trasnacionales, como
Syngenta, Nidera, Cargill, Bayer y Basf, que también operan en Sudamérica.
Actualmente, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) se proyecta
como una "república sojera" sin fronteras entre Argentina, Paraguay, Brasil,
Bolivia y Uruguay, con una producción que ronda las 100 millones de
toneladas y que, en su conjunto, concentra el 68 por ciento de las
exportaciones mundiales de soja. Todos estos puntos estarán unidos por la
hidrovía Paraguay-Paraná, un megaproyecto de Cargill que permitirá
transportar enormes cantidades de soja del MERCOSUR hacia los puertos del
Atlántico.
Las voces más optimistas festejan la llamada "revolución verde",
un concepto en el que se incluyen los cultivos transgénicos, los
agronegocios, la siembra directa y los desarrollos en biotecnología. En este
marco, las trasnacionales incrementan sus ganancias y rediseñan el mapa
regional según sus intereses en el mercado mundial. Los países productores
equilibran sus balanzas comerciales y, en algunos casos, logran establecer
saldos positivos históricos que les permiten cumplir con sus acreedores, o
reproducir sus propios sistemas de asistencialismo social. Los barones de la
soja, mientras tanto, se enriquecen con rapidez y poco esfuerzo. Pero este
modelo agropecuario que produce alimentos exclusivos para cerdos, vacas y
pollos de Europa y Asia conlleva riesgos.
Veneno
La soja RR es una planta genéticamente modificada (GM) para
resistir al Roundup, el herbicida que produce Monsanto a base de glifosato y
otros compuestos químicos que permiten aumentar su eficacia contra las
malezas.
En Argentina la soja insume anualmente unos 160 millones de
litros de herbicida, a razón de diez litros por hectárea. La fumigación
intensiva en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires ya impacta
de manera irreversible sobre aquellas ciudades y pueblos que ven el avance
de la "revolución verde" a pocos metros de sus cascos urbanos. El Grupo de
Reflexión Rural (GRR), que fomenta la campaña Paren de Fumigar, junto a
otras organizaciones de vecinos autoconvocados, advierte que "se está
configurando una catástrofe sanitaria de envergadura tal, que nos motiva a
imaginar un genocidio impulsado por las grandes corporaciones y que sólo los
enormes intereses en juego y la ignorancia cómplice de la clase política
logran mantener invisibilizado e impune".
Sólo en el barrio Ituzaingó Anexo, ubicado en los márgenes de
Córdoba capital, se registraron 200 enfermos de cáncer por los agrotóxicos,
sobre una población total de 5 mil habitantes. Pero también se detectaron
otras anomalías: alta incidencia de lupus, púrpura, asma, afecciones en la
piel, malformaciones congénitas y alergias.
El caso es paradigmático porque revela las consecuencias más
dramáticas del modelo rural vigente, cuestión que se repite en miles de
localidades de la gran "república sojera". La expansión de los monocultivos
transgénicos en los últimos diez años distorsionó la estructura territorial
de los pueblos rurales. Los cinturones verdes que rodeaban a estos pueblos,
como barreras de morigeración frente a los agrotóxicos, fueron ocupados por
la soja y ahora las fumigaciones no sólo destruyen malezas, sino la salud de
niños y adultos que se ven expuestos a los herbicidas de manera directa.
Complicidad ambientalista
El problema sanitario es apenas uno de los efectos del "boom
sojero". También se debe tener en cuenta la deforestación, la degradación
indiscriminada de suelos y la destrucción de la biodiversidad, como
consecuencia de la expansión estratégica que planificaron el Banco Mundial
(BM) y las trasnacionales, en complicidad con las grandes organizaciones
ambientalistas.
El Foro por los 100 Millones Sustentables, que se desarrolla
desde 2003 bajo la coordinación de la Fundación Vida Silvestre Argentina
(financiada por el BM) y la Asociación Internacional de Agronegocios y
Alimentación (IAMA), busca crear consenso entre empresarios, corporaciones y
representantes de la sociedad civil para alcanzar en el país una meta de 100
millones de toneladas de granos y oleaginosos transgénicos antes de 2015.
En el foro participan Greenpeace, la Fundación ProYungas para el
Desarrollo y la Conservación de las Selvas Subtropicales de Montaña y la
Asociación Ornitológica del Plata. También lo hacen el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires (FAUBA), que desde hace años desarrolla programas
curriculares, seminarios, investigaciones y publicaciones en función de los
agronegocios.
Los ambientalistas "parten de un sentimiento de derrota, porque
piensan que es imposible detener el auge de la soja", aseguró Jorge Rulli,
miembro fundador del GRR . En diálogo con BRECHA, Rulli explicó el caso de
la siguiente forma: "Los empresarios lo que plantean es que nos encaminamos
a los 100 millones de toneladas de exportación, lo cual requiere unos cuatro
millones de hectáreas más en Argentina. Esto implica no sólo la devastación
del bosque que queda, sino además el riesgo de una crisis social de
proporciones. ¿Cómo hacer para evitar colapsos ambientales o crisis
sociales?, se preguntan las corporaciones. Se necesitan guías
(ambientalistas), gente que entienda de biodiversidad para saber dónde
avanzar y dónde no, para no provocar crisis ambientales o conflictos
sociales graves, como ya sucedió en Santiago del Estero con los campesinos".
Expulsados de sus tierras
De todos modos, las crisis sociales ya son evidentes con el
desplazamiento territorial, el desempleo y la violencia al estilo de las
guardias rurales que operan impunemente en Paraguay.
Los barones de la soja ejercen la fuerza indiscriminada para
ampliar sus propias fronteras, expulsando a pequeños productores, campesinos
y pueblos originarios, mediante la creación de grupos paramilitares. Se
trata de un método que nació con el boom de la soja transgénica, primero en
Santiago del Estero, y en los últimos años en las provincias de Salta,
Jujuy, Chaco, Tucumán, Formosa, Catamarca, Córdoba y Mendoza. Aquellos que
logran sobrevivir a la represión privada pasan directamente a la
desocupación urbana.
Según un estudio realizado recientemente por el INTA, ocho de
cada diez desocupados del Gran Buenos Aires provienen de la agricultura. Los
datos de esta encuesta hablan de la incipiente migración del campo a la
ciudad por el impacto del modelo agroexportador bajo el sistema de siembra
directa, que permite producir monocultivos con apenas un empleado por cada
500 hectáreas.
Brecha. Correspondencia de Prensa. germain5@chasque.net
(Fuente: Resumen Latinoamericano 5/02/07)
