| SINDICATO LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA - ARGENTINA | 10/01/08 |
Sin embargo, vamos a dejar claro que nunca habrá eficiencia con la energía hasta que no se modifique el concepto, hasta que la energía no se vuelva a definir como un bien social. Mientras la energía sea tomada como un commodity, una mercancía, las políticas de eficiencia como las que hace el Gobierno no podrán sostenerse.
Nunca se va a alcanzar a resolver el problema de fondo. Mientras se intente hacer ahorro con los sectores de bajos recursos, que son los que menos consumen y no precisamente con los que más consumen, algo anda mal. Mientras esto sucede por un lado, por el otro existe una libre disponibilidad del oligopolio privado, que le permite que exportar petróleo crudo o y gas sin valor agregado. Algo que está mal, porque casi no tenemos disponibilidad. No se puede ser eficiente e intentar exigirle al que no tiene lo que precisamente ni el gobierno nacional, ni el poder político, están dispuestos a hacer con la energía toda.
La causa de la crisis energética es el modelo implementado. La solución, entonces, es cambiar este modelo energético basado en la propiedad privada y en la segmentación de los servicios públicos.
Mientra la energía siga siendo considerada como en la década del '90 un bien para privatizar, una mercancía, un commodity, y no un valor estratégico, un bien social, un derecho humano, no puede haber planes de eficiencia serios y ciertos.
"A diferencia del dueño que pasó fin de año a oscuras, las compañías piensan que no es rentable ni racional invertir para sostener un sistema eléctrico preparado para esos días de extremas máximas y mínimas temperaturas, cuando la demanda alcanza records.
Esa decisión tiene una lógica contundente desde el punto de vista de la tasa de retorno de una inversión en el ámbito del sector privado. Por caso, no es rentable destinar unos 100 millones de dólares en capacidad de transporte (cables) y estaciones transformadoras, monto estimado por especialistas del sector, para atender el requerimiento de una demanda excepcional por unos pocos días al año. Por ese motivo, en esas jornadas agobiantes hacen cortes rotativos, estrategia que desmentirán con vehemencia porque si no serían multados y hasta los ejecutivos de las empresas correrían el riesgo de afrontar denuncias en la Justicia.
Los cortes de estos días no fueron por imprevisión, sino por un esquema de negocios que tal como está definido no obliga ni alienta a realizar las inversiones necesarias para evitarlos. Por cierto, las empresas invierten, pero lo indispensable para que el sistema siga funcionando al borde del precipicio. Y el Estado regula, pero menos de lo que debiera. Este modelo eléctrico del modo que está diseñado no brindará respuestas a esa demanda creciente ni a los cambios en la pauta de consumo de la población. El debate sobre el nivel de las tarifas es importante, aunque ya se han autorizado ajustes para este año además de haberse entregado compensaciones en el anterior. Pero no es la cuestión central en la definición de un esquema energético previsible y seguro. El actual se presenta con inversiones insuficientes, descoordinación operativa, ausencia de planificación, deficiente control estatal y sobrecostos operativos.
En ese crítico panorama queda como fuera de tono la pretensión de prever el sendero futuro de la demanda y adelantarse con obras. Por el contrario, el camino que se transita consiste en exprimir al tope las instalaciones y sólo actuar cuando los equipos y cables se rompen, como cuando saltan los tapones en el hogar.
En su momento, el Estado invirtió para construir las redes eléctricas y las gasíferas pensando en la expansión del consumo y en el crecimiento de la economía. Destinó millonarios recursos sin el criterio de rentabilidad empresaria y sí de rentabilidad social. Gran parte de esas redes son las que aún hoy son las bases del sistema energético nacional y que permiten abastecer a la actual demanda.
En esa instancia aparece con claridad la distinta función que cumple el Estado y el sector privado cuando se trata de brindar un servicio público esencial para la población. Y, por lo tanto, los efectos negativos para los consumidores cuando el Estado abandona esa tarea indelegable, lo que no implica el desplazamiento total del sector privado como operador del servicio. De todos modos, incluso en este modelo, el Estado debe asumir con más autoridad el estilo de organización del consumo energético de la población." ALFREDO ZAIAT, Suplemento "Cash", Diario Página 12 (06/01/2008)
¿Quién nos cambia las lamparitas?
Iniciativas como las que se llevan a cabo por estos días, el cambio de las lamparitas de los domicilios por artefactos de bajo consumo ya se llevaron adelante en Venezuela y Cuba. Consultado por algunos medios, he comentado que esta medida estaba siendo adoptada en esos países. Sin embargo eso no es suficiente para desarrollar un plan que nos conduzca al uso eficiente del recurso. Los habitantes de Venezuela y Cuba tienen un concepto diferente al nuestro. Para ellos, la energía es un bien social, no un commodity, ni una mercancía.
En los países que menciono, la energía es un patrimonio nacional. Las empresas no están privatizadas. El recurso natural no está en manos privadas y quienes dominan el mercado no son precisamente los oligopolios internacionales. Como el cambio de los artefactos de cada casa es parte de un concepto y de una base ideológica absolutamente diferente, los resultados también son absolutamente diferentes.
En Argentina, se pone en marcha un plan en un esquema totalmente distinto. Es decir, querer cambiar las lamparitas no está mal pero lo que sí está mal es el agente encargado de hacerlo. Fíjense ustedes que quien va a llevar la iniciativa adelante en esta ciudad es la empresa multinacional "que garantiza la distribución" (lo que en rigor no es así) en la región de Mar del Plata. Es decir, EDEA SA va a entregar dos lamparitas por usuario como una manera de producir conciencia.
Lo va a hacer una empresa que actúa con impunidad, lo va a hacer una empresa que avasalla los derechos de los usuarios, lo va a hacer una empresa que avasalla los derechos de los trabajadores, lo va a hacer una empresa a la que lo único que le interesa es la rentabilidad y para nada el desarrollo de un servicio a largos años tratando de garantizarle la continuidad y la seguridad al usuario.
¿En esta empresa confía nuestro gobierno? ¿En una empresa que cobra una Tarifa Estacional, lo que constituye un contrasentido a cualquier política de ahorro y eficiencia? Esta Tarifa Estacional es inconstitucional porque obliga al usuario a consumir, caso contrario, el usuario tiene que pagar simplemente por canon fijo 25 pesos (sin contar los impuestos), sin derecho a hacer uso del servicio. ¿De qué política hablamos entonces de ahorro cuando no modificamos una cuestión de fondo como esta?
(*) Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata; titular de FeTeRa y Secretario de Organización de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).
El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Gisele Cebrian y Guillermo Albanese, Secretario de Prensa del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.
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